Venezuela denunció formalmente el Acuerdo de Cartagena, tratado internacional constitutivo de la Comunidad Andina (CAN), en 2006; con ello, oficializó su retiro del más avanzado e institucionalizado acuerdo de integración regional de América Latina. En 2011, finalizaron las obligaciones del país con respecto al intercambio comercial con sus antiguos socios y empezó a regir un acuerdo de alcance parcial, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALADI) con Colombia, su primer socio comunitario, vigente a día de hoy. Al separarse, Venezuela rompió los vínculos políticos, jurídicos, económicos, culturales y otros con Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú que había construido en el marco comunitario y trató de canalizarlos de forma bilateral o a través de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) con Bolivia y Ecuador, pero ese es un acuerdo de cooperación y no de integración regional.
El nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro, ha propuesto recientemente que Venezuela debe volver a la Comunidad Andina, y el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro expresó su interés y aceptó expresamente la propuesta días después. Esta idea ya fue esbozada en 2019, pero la jefatura de la Asamblea Nacional que asumía funciones del Ejecutivo en medio de la convulsión política venezolana, no tenía las capacidades para ello. El camino del posible retorno venezolano al seno de la CAN empieza de cero: sería tratado como un tercer país, el haber sido Estado parte no cuenta a favor. Negociar con los cuatro socios andinos y con la propia CAN, que goza de personalidad jurídica internacional, es un proceso arduo y muy complejo, entre otros aspectos, el país debe reconocer y aceptar todo el acervo jurídico andino, es decir, quedará sujeto a las decisiones y resoluciones del Consejo Andino de Ministros de Asuntos Exteriores (CAMRE), de la Comisión, de la Secretaría General y a las sentencias del Tribunal de Justicia andino, órganos supranacionales, algo que no fue del agrado del presidente Hugo Chávez y contraría la idea de soberanía expresada por el actual Ejecutivo.
Venezuela fue remisa a varias normas jurídicas y desacató decisiones judiciales de la Comunidad Andina en los últimos seis años de su participación en ella. Por ejemplo, la CAN asumió las cuatro libertades de la integración regional: la libertad de circulación de personas incluso trabajadores, de capitales, de servicios y de mercancías, ésta última por la primigenia Decisión 399 de 1997 y el Sistema Andino de Carreteras, pero en 1999 Hugo Chávez decretó de manera unilateral el trasbordo de mercancías en la frontera, con lo que cercenó la libre circulación. Esta decisión obedeció, además de a razones políticas, a las presiones del sector del transporte internacional y transfronterizo venezolano que veía a las empresas de otros países, en especial colombianas, mucho mejor organizadas, más competitivas, y se quedaban con buena parte del mercado, además, por la pérdida de empleos de caleteros y en las almacenadoras de las regiones fronterizas, en tanto el Estado no previó la reconversión de sectores directamente afectados por la libre circulación de mercancías; estos son los mismos sectores que hoy claman por una reapertura comercial formal plena de la frontera común con Colombia y la vuelta del país a la CAN.
Asimismo, en el posible reingreso de Venezuela a la Comunidad Andina lo comercial es crucial: el país debe negociar las partidas arancelarias de la totalidad de los bienes y servicios, que deben adecuarse a los ya estipulados, y también asumir el arancel externo común (AEC) que aplican los Estados miembros a terceros países para el comercio extracomunitario. Este aspecto complejo, álgido y sensible para todos generará mayores desafíos, dada la cautela natural de los otros Estados al negociar, el legado de impagos venezolanos a múltiples empresas extranjeras, así como la persistente crisis económica y emergencia humanitaria compleja del país, que hacen de los venezolanos consumidores de muy bajo nivel, por tanto, poco atractivos en términos comerciales. Desde lo político, sería un balón de oxígeno para el Gobierno, puesto que tendría un nuevo espacio multilateral de alcance regional donde participar, en especial cuando el país ha estado aislado de buena parte de la sociedad internacional en los últimos años y están vigentes las sanciones de los Estados Unidos y la Unión Europea, que son un inconveniente para las negociaciones, así como el denominado cumplimento excesivo de esas sanciones por la debida diligencia que deben tener Estados, empresas y organizaciones internacionales. De fondo, dos temas neurálgicos: derechos humanos y democracia, en tanto la Comunidad tiene sendos documentos clave, el Compromiso de la CAN con la Democracia y la Carta Andina de Promoción y Protección de DDHH; Venezuela debe ajustar su conducta estatal a esos estándares, ¿es posible?
La propuesta de Gustavo Petro de la vuelta de Venezuela a la CAN puede ser una estrategia en doble sentido: contar con ayuda para su proceso de Paz Total, en especial, las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que empezará en breve y del que el país ha sido nombrado garante, así como mejorar el comercio binacional para beneficio de empresarios y comerciantes colombianos en la medida que puedan vender algunos bienes y servicios a Venezuela -lo que está limitado por la severa crisis del país-, y también podría estar pidiéndole al Gobierno venezolano respetar los derechos humanos, habida cuenta de los múltiples informes internacionales desfavorables al respecto, como los de la Comisión de Verificación de los Hechos del Consejo de DD.HH. de la ONU y las recientes decisiones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, por ello, también la invitación a Caracas a regresar al Sistema Interamericano de DD.HH. Todos o algunos de estos aspectos, a cambio de ofrecer a la limitada oferta exportable venezolana el espacio comercial intra andino, que representa un mercado de 111 millones de consumidores, por tanto, divisas necesarias para el país. Por contraste, la reflexión final refiere al otro proceso de integración regional suramericano: ¿qué va a hacer Venezuela con su membresía del Mercosur, del que está suspendida por aplicación de la cláusula democrática, si decide formalmente volver a la Comunidad Andina?
Francisco Javier Sánchez C.
Investigador del Centro de Estudios de Fronteras e Integración (CEFI)
Universidad de Los Andes, Venezuela.