Los diversos trabajadores que hacen vida en el Terminal de Pasajeros de San Antonio del Táchira rechazaron la medida en torno a que las unidades de transporte suburbano empiecen a cargar en las cercanías a la avenida Venezuela, específicamente en las calles 3 y 5.
Mototaxistas, taxistas, vendedores y empresas de ventas de boletos, aseguraron que darles la posibilidad a las unidades de 32 puestos y de cinco puestos de cargar en la calle, es permitir que el puerto terrestre quede en el abandono, en el olvido y desolación total.
El analista en temas de frontera y exalcalde del municipio Bolívar, William Gómez, indicó que es la quinta vez que las autoridades del Órgano Superior del Transporte, junto al INTT de San Cristóbal, y de la mano de las autoridades municipales, «salen a improvisar con un supuesto plan para tapar el caos».
Gómez lamentó el desorden y anarquía que hay actualmente en la frontera: «desde la piratería, la estafa y la especulación reinan en la zona para los usuarios que están de paso por San Antonio y que hacen uso del transporte público», dijo.
Entretanto los trabajadores del puerto, consultados por el equipo reporteril de La Nación, señalaron que están dispuestos a realizar diversas protestas pacíficas para reprochar la acción del Órgano Superior del Transporte en el estado, pues, a juicio de ellos, atenta contra el buen desenvolvimiento del puerto.
Exhortaron a los integrantes del gremio del transporte interurbano a exigir el derecho de regresar a la frontera con sus rutas, lo cual beneficiaría al usuario y haría más cómodo su entrada y salida.
El analista en temas de frontera no entiende por qué si el presidente Nicolás Maduro levantó las medidas de restricción del transporte público a la frontera, tras lo vivido en pandemia, aún siguen bloqueando el paso de estas unidades. «Sin base jurídico continúan impidiendo el paso de estas unidades a San Antonio del Táchira», acotó.
Recordó que las restricciones expuestas truncan el derecho al desarrollo económico de la ciudad y somete al pasajero a pagar de más por los trasbordos que deben efectuar. «Es inconstitucional», subrayó.
Jonathan Maldonado