Reapertura de los pasos fronterizos entre Táchira y Norte de Santander: ¿qué nos deja? – Frontera Plus

Reapertura de los pasos fronterizos entre Táchira y Norte de Santander: ¿qué nos deja?

Francisco Javier Sánchez C. *

En agosto de este 2022, se cumplieron siete años del cierre de los pasos fronterizos entre Venezuela y Colombia, por decisión unilateral del Gobierno venezolano, el denominado ‘cierre de la frontera’, que significó impedir el tránsito de personas, bienes y vehículos por los siete pasos formales entre ambos países, cuatro de los cuales comunican al estado Táchira y el departamento Norte de Santander. Fue un acontecimiento inédito en las relaciones binacionales y clave en el empeoramiento de la situación de la frontera común, con dinámicas cada vez más complejas difíciles de manejar. Se incrementaron los niveles de informalidad e ilegalidad por la escasa institucionalidad, particularmente del lado venezolano, lo que ha llevado a que en algunas zonas urbanas fronterizas pueda observarse una gobernanza criminal híbrida: actores legales e ilegales cohabitando y ejerciendo control territorial. El cierre también significó la expulsión de Venezuela de más de 24.000 colombianos, incluso refugiados, sin procedimiento mediante, lo que generó una denuncia ante la Corte Penal Internacional por la posible comisión de crímenes de lesa humanidad.

La situación ha tenido dos momentos álgidos, uno fue la ruptura de las relaciones diplomáticas y consulares en febrero de 2019 por decisión unilateral del Gobierno venezolano, cuando el Gobierno de Colombia hizo parte de una estrategia de presión internacional hacia Venezuela para impulsar un diálogo con la oposición y llegar a acuerdos para la reinstitucionalización y democratización del país. El otro fue la elevada tensión y conflictividad por los enfrentamientos en 2021 entre grupos irregulares y las fuerzas armadas venezolanas en el estado Apure, fronterizo con el departamento de Arauca, en medio de la confusión y desinformación, con denuncias de sinergias entre determinados grupos irregulares y algunos actores públicos, según reportan InSight Crime e International Crisis Group, con las fuerzas armadas colombianas en alerta y movilizadas en mayor número a esa zona de frontera. Ante el temor de una posible deriva bélica entre ambos países, la sociedad civil binacional pidió al secretario general de las Naciones Unidas que intercediera ante los Gobiernos colombiano y venezolano para que un enviado especial de su oficina pudiera bajar las tensiones y lograr un mínimo de confianza para evitarlo.

Un dato fundamental para entender el contexto y las dinámicas de la frontera común: a través de ella ha transitado el 90%, es decir, 6.4 millones de los migrantes forzados venezolanos, según estudios de la Universidad del Rosario y la Konrad Adenauer Stiftung de Colombia, de ellos, por la región Táchira – Norte de Santander, la más activa entre los dos países, ha pasado el 75%, un estimado de 4.792.500 personas según investigaciones del CEFI de la Universidad de Los Andes. La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) de Naciones Unidas estima formalmente en 7.1 millones de personas la migración venezolana en el mundo.

En medio de estas duras e inéditas circunstancias, el comercio de bienes y la prestación de algunos servicios, así como el tránsito de personas en todas las regiones fronterizas prosiguió por los caminos irregulares, las trochas, controladas por la criminalidad híbrida. El denominado protectorado en Táchira -representación del Gobierno Nacional desde 2018 en el estado- y como declaró su propio titular, permitió el ingreso al país de mercancía colombiana y su transporte, sin pasar por la aduana, fue el denominado ‘código del protectorado’, pero ya en 2021, el servicio de aduanas (SENIAT) empezó a cobrar aranceles y la tasa de servicio, aun cuando los bienes no pasaban por sus instalaciones en San Antonio o Ureña, como reveló la diputada Karim Vera.

Con el cambio de Gobierno en Colombia, al llegar al poder el izquierdista Gustavo Petro, ideológicamente cercano al Gobierno venezolano, se empezó a producir un cambio en la política exterior de aquel país. Así, a cuatro días de su toma de posesión, el presidente colombiano nombró embajador en Caracas, simultáneamente, Venezuela nombró su embajador en Bogotá. Para el 26 de septiembre de 2022, se restablecieron las relaciones comerciales formales entre Táchira y Norte de Santander, lo que en realidad significó ampliarlas a esta región, pues el comercio bilateral por carretera utiliza el paso de Paraguachón entre La Guajira colombiana y el Zulia venezolano, que se ha cerrado solo intermitentemente; el paso del transporte de mercancías por Apure – Arauca está cerrado por problemas de infraestructura del puente internacional José Antonio Páez.

Un mes después, se han dado 44 operaciones aduaneras, que si se comparan con cifras del 2015, año del cierre, cuando se dieron 1.000, según la Asociación de Aduaneros, se puede ver la diferencia notable en la caída del intercambio comercial, pero también lo lenta de su recuperación, lo que obedece a varios factores, entre otros: la crisis humanitaria compleja y el descalabro de la economía venezolana, por tanto, la pérdida del poder adquisitivo de su población, sumida mayoritariamente en la pobreza según estudios de la Universidad Católica Andrés Bello; la desconfianza de empresarios y comerciantes colombianos por la recurrente inseguridad jurídica y económica de Venezuela, incluso, por el impago de deudas por exportaciones bajo el control de cambios, según el ministro de Comercio de Colombia; por las trabas y lentitud de la administración aduanera para las operaciones de importación/exportación; por las facilidades del paso de Paraguachón. El intercambio comercial no parece ir por la vía de la recuperación esperada, y a veces especulada, por todos los sectores nacionales pero sobre todo de la frontera, aunque para sembrar optimismo, el vicepresidente de Fedecámaras Táchira estima que el intercambio llegará a 4 mil millones de USD anuales y se podrían generar hasta 600 mil empleos en ambos países, sin explicar cómo se calculan tales cifras, en medio de la situación económica actual en Venezuela y Colombia, y con la eventual recesión mundial que pronostica el Fondo Monetario Internacional en 2023.

En derechos humanos, no parece haber mejoras reales para la población de ambos países, y particularmente para la de frontera, la principal afectada por el cierre. A un mes de la reapertura de los pasos formales para el comercio, no se permite el tránsito de vehículos particulares ni de transporte público, este último fundamental para que la mayoría de la población que necesita trasladarse a un lado y otro del límite internacional por razones económicas, laborales, de salud, escolares, académicas, culturales y de otra naturaleza, pueda hacerlo con libertad, seguridad y mayor tranquilidad. La única decisión positiva ha sido la del Gobierno de Colombia que permite la entrada de venezolanos hacia las ciudades fronterizas más cercanas, como Cúcuta, solo con la cédula de identidad sin necesidad de otra documentación.

Un aspecto que afecta directamente a la población y sobre el que no hay avances reales es la seguridad ciudadana. Si bien se dio una reunión entre los ministros de Defensa el 24 de septiembre pasado, no la habido entre los ministros del Interior, no se sabe a día de hoy qué políticas públicas se elaboran o se rescatan del pasado, entre ambos gobiernos, para adelantar planes de seguridad en el ámbito militar y policial, que permitan un verdadero control del Estado sobre la larga frontera común de 2.219 km. y los grupos irregulares/ilegales de distinta naturaleza que en ella operan. La reanudación de las reuniones entre las fuerzas militares y policiales de ambos países a través de la Comisión Binacional de Fronteras (Combifront) y la ejecución de planes conjuntos es fundamental; la misma no se reúne desde el 2001, según indica la Cancillería colombiana.

En definitiva, más allá de la necesidad del relacionamiento formal entre ambos países, lo importante son los ciudadanos, estos aún siguen a la expectativa ante la reanudación de los vínculos políticos y comerciales; las relaciones consulares aún no se restablecen, que son las que directamente sirven a las personas. El intercambio comercial formal es precario, pareciera que el sector no estaba totalmente preparado para la reapertura del mismo a través de la región Táchira – Norte de Santander porque no tienen a mano toda la documentación necesaria en Venezuela, pero también el Gobierno ha demostrado su sempiterna lentitud para atender y resolver las solicitudes con la celeridad que piden los tiempos. La seguridad sigue siendo un tema pendiente. Lo clave no es la fanfarria de una reapertura formal de pasos fronterizos, sino la atención de las necesidades y la protección de los derechos de los ciudadanos de ambos países.

* Investigador del Centro de Estudios de Fronteras e Integración (CEFI)
Universidad de Los Andes, Venezuela.