El transporte venezolano no está en condiciones para competir con el vecino país
Jonathan Maldonado
Las desventajas afloradas tras la reapertura gradual de frontera, que inició el pasado 26 de septiembre, llevan a transportistas de carga pesada a ajustarse a ciertas normas que permitan una economía más sana, que beneficie a ambos grupos.
Álbaro Paz, presidente de la Cámara de Transporte de Carga Pesada en Táchira, aseguró que la intención de algunos transportistas de cruzar con sus vehículos venezolanos por todo el territorio neogranadino, va en desconocimiento de los más recientes acuerdos binacionales, que ponen límites de 20 kilómetros para circular.
«El transportista venezolano solo puede cruzar 20 kilómetros de la frontera colombiana y el transportista colombiano tiene que ajustarse al mismo límite», puntualizó al insistir que las medidas buscan un equilibrio, pues para nadie es un secreto que del lado venezolano aún no están dadas las condiciones para competir con el vecino país.
«Lo que se busca con estas reglas es una economía sana, que permitan beneficios para ambos grupos», prosiguió Paz en rueda de prensa ofrecida en el municipio fronterizo Pedro María Ureña. «Esto puede cambiar, pero a medida que nosotros podamos estar en igualdad de condiciones con el hermano país», dijo.
*»Ciertas autoridades desconocen los acuerdos»*
Si el vehículo de carga pesada venezolano cuenta con una seguro de responsabilidad civil, con cobertura internacional, no hay razón para que las autoridades colombianas exijan una póliza andina. «O es una o la otra, pero no las dos», enfatizó el vocero de los transportistas en la región andina.
Lamentó que ciertas autoridades en Colombia estén actuando en desconocimiento de lo ya establecido por ambas naciones, situación que provocan dilaciones innecesarias, que se acabarían si los funcionarios tuvieran las normas claras.
*»Las habilitaciones tienen una duración de ley»*
Las habilitaciones que dan las autoridades venezolanas al transporte de carga pesada internacional, tiene una precio fijo y una duración determinada en ley.
Paz pide que se respeten los basamentos legales, pues los funcionarios no pueden pretender que una habilitación solo dure algunos meses, cuando el costo es elevado y hay un tiempo fijo para su caducidad.
«La habilitación que da Venezuela es por un año y el permiso de prestación que da Colombia también dura 12 meses», manifestó al dejar por sentado la importancia de que se cumplan con las normativas para evitar trancas innecesarias.
El respeto de las reglas y el rescate progresivo de lo formal, teniendo claros los escenarios, son puntos vitales para que la frontera avance, recalcó Paz.